E/CN.4/2005/61/Add.1 Page 43 authorities were not new and that on many occasions the Government had had the opportunity to provide clarification on those false accusations, the Government reiterated that it has no policy of prohibiting or restricting the freedom of its people to practise their faiths, be they Christians, Buddhists, Bahá’ís or others. However, the Government indicated that it was taking stringent measures, in accordance with the law, against those who violate the law or plot unlawful acts against authority. The Government finally noted that, according to the law, individuals are not permitted to take advantage of any particular religion to organize an unlawful meeting with a view to creating division between religions and classes of people. Such acts violate article 52 of the Penal Code of 1989 as well as article 9 of the Constitution of the Lao People’s Democratic Republic. Observations 166. The Special Rapporteur thanks the Government for its reply and wishes to underline that, as mentioned in her general report (E/CN.4/2005/61), she carries out a close and detailed assessment of the information in order to ensure that the situations or cases that are transmitted to the Governments have a very high level of reliability. Mexico 167. El 14 de junio de 2004 la Relatora Especial envió una comunicación con respecto a la situación de las familias pertenecientes a la comunidad indígena Huichol en Tenzompa, Jalisco. De acuerdo con las informaciones recibidas, más de 80 adultos y niños Huichol que se convirtieron al Gospel Cristiano estarían amenazados de ser expulsados de sus casas. Se informa que sus problemas habrían empezado en 1987 en su pueblo ancestral de Santa Catarina cuando el pequeño grupo empezó a construir una iglesia. Informes indican que miembros del grupo habrían sido víctimas de varias persecuciones, tales como raptos o encarcelamiento. El 24 de agosto de 2002, las familias cristianas habrían sido expulsadas de Santa Catarina. Se habrían refugiado en Tenzompa, donde sobreviven y esperan asistencia del Gobierno. Como no la han recibido, pidieron a los ancianos del pueblo que les dieran tierra para cultivarla y construir viviendas permanentes. Sin embargo, habrían recibido órdenes de expulsión. Si el Gobierno no interviene, las 18 familias tendrán que buscar otro sitio para sobrevivir a final del año escolar. 168. Por carta fechada el 10 de noviembre de 2004, el Gobierno mexicano contestó a la comunicación acerca de la situación de la comunidad indígena Huichol de Tenzompa, Jalisco. El Gobierno informó que los hechos referidos en la comunicación transmitida por la Relatora Especial son ciertos. Respecto a las investigaciones de estos hechos, informó que se tiene conocimiento de que desde 1999 algunos de los afectados han presentado denuncias relacionadas con estos hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de seguir de oficio el asunto por ser una situación que afecta a un grupo vulnerable, recibió una queja del pastor Arturo Farela Gutiérrez, apoderado legal de la asociación religiosa Via Verdadera, lo que motivó la recomendación 62/2004. Según la comunicación recibida, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco ha tramitado la queja 1946/III, relativa a la violación del derecho a la educación de los