A/HRC/33/42/Add.2 preocupante que la respuesta de la empresa y de las autoridades locales ante las protestas de las comunidades lencas haya sido la fuerte militarización de la zona. También preocupan los actos de violencia perpetrados por personas a favor del proyecto, con la tolerancia de las autoridades locales y policiales. 20. Miembros de las comunidades de Río Blanco y COPINH alegaron que desde las protestas de 2013 han sufrido actos de amenaza, intimidación, violencia y asesinatos, incluida la muerte de Tomás García, antes mencionada. Se había denunciado la presencia de personas encapuchadas contratadas por la fuerza de seguridad de la empresa que atemorizaban la población de Río Blanco mediante el disparo de armas en la noche y mediante su presencia alrededor de los hogares de los comunitarios y fuera del lugar donde se realizaba la toma de la carretera. Se alegó que, en noviembre de 2013, treinta policías vestidos con pasamontañas entraron a los hogares de dirigentes de Río Blanco para amenazarlos a ellos y a sus familiares y golpearon al hijo de uno de ellos. 21. En marzo de 2014, la coordinadora del Consejo Indígena de Río Blanco María Santos Domínguez, conocida por su oposición al proyecto, sobrevivió a un atentado contra su vida cuando siete individuos la atacaron con machetes, palos y piedras mientras caminaba hacia su casa, y lesionaron gravemente a su esposo e hijo de 12 años cuando estos trataban de auxiliarla. Según se alega, los agresores eran simpatizantes del proyecto y habían amenazado a la Sra. Domínguez y su familia en ocasiones anteriores. 22. Durante su visita de 2015, la Relatora Especial fue informada que además de Tomás García, otros tres indígenas de Río Blanco habrían muerto por su oposición al proyecto, entre ellos, los hermanos William y Maycol Rodríguez, asesinados en mayo y octubre de 2014 respectivamente en circunstancias que indicarían el involucramiento de personas afiliadas con la empresa o afines al proyecto. Los dos hermanos habían participado anteriormente en acciones de protesta en Río Blanco. Se ha denunciado que tras el asesinato de William Rodríguez, la policía entró por la fuerza a los hogares de dos miembros de COPINH en Río Blanco para capturarlos y amenazaron a otro dirigente indígena y a menores de edad presentes. Los dos miembros de COPINH, Lindolfo Benítez y Salvador Sánchez, habrían sido presuntamente torturados por la policía y posteriormente puestos en libertad. 23. A partir del inicio de la segunda fase del proyecto, se produjeron nuevos incidentes de amenazas y agresiones contra los manifestantes indígenas. Se denunciaron abusos cometidos por guardias de seguridad y militares incluyendo: amenazas de desalojo forzoso de los manifestantes instalados en frente del proyecto, lanzamiento de piedras de gran tamaño sobre el campamento de los manifestantes, disparo de ráfagas de armas de fuego desde las instalaciones de la empresa hacia el campamento durante horas de la madrugada y noche cerrada, y la toma de fotografías y grabaciones constantes de los manifestantes. Se reportaron también amenazas sexuales y agresiones físicas contra mujeres lencas que utilizaban el río Gualcarque cerca del proyecto por parte de guardias de seguridad y personas con pasamontañas. 24. Varios dirigentes lencas fueron objeto de amenazas y de disparos por parte de personas vinculadas con la empresa. En el caso de Berta Cáceres, se recibió información de que en los meses antes y después de la reanudación del proyecto, había vuelto a recibir numerosas amenazas. En enero y febrero de 2015, habría recibido continuas llamadas y mensajes de texto anónimos advirtiéndole sobre el riesgo de sufrir secuestro o desaparición por su labor en Río Blanco. En marzo de 2015, el presidente del Consejo Indígena de Río Blanco habría informado a la Sra. Cáceres de que una de las familias poderosas de la región vinculada con DESA tenía un plan para acabar con su vida. En noviembre de 2015, el dirigente de COPINH Tomás Gómez habría recibido una llamada de un miembro de esa misma familia manifestándole que él y Berta Cáceres eran los responsables de agitar a la 26 GE.16-12632