A/HRC/33/42/Add.2
por su aprobación de la licencia ambiental para el proyecto sin consultar previamente a las
comunidades indígenas. La información recibida por la Relatora Especial acerca de estas
acciones legales impulsadas por la Fiscalía de Etnias confirma que el proyecto Agua Zarca
fue aprobado antes de realizarse su socialización y de firmarse el acuerdo con las
comunidades locales referido anteriormente, y que no se realizaron estudios de impacto
social, ambiental y cultural antes de su aprobación. La Fiscalía de Etnias también impulsó
acciones penales por el delito de homicidio y tentativa de homicidio en contra del miembro
del ejército quien causó la muerte de Tomás García e hirió a su hijo. En diciembre de 2015,
el militar fue condenado por homicidio, y queda pendiente la individualización de la pena.
15.
Por otro lado, los miembros de COPINH fueron objeto de una serie de acusaciones
judiciales y criminalización por sus actos de protesta. Berta Cáceres fue objeto de cargos
penales por posesión ilegal de un arma de fuego supuestamente encontrada en su vehículo
por la policía y también fue acusada, junto con los dirigentes de COPINH Tomás Gómez
Membreño y Aureliano Molina, del delito de incitación a causar daños a la propiedad
privada de DESA. En 2014, un tribunal dictó el sobreseimiento definitivo de los cargos de
posesión ilegal de armas de fuego, lo que resultó en la revocación de las acciones penales
contra la señora Cáceres. Ese mismo año, un tribunal de apelaciones afirmó el
sobreseimiento provisional de los cargos contra Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano
Molina por incitación y daños a la propiedad.
La segunda fase del proyecto Agua Zarca
16.
Según la información, las protestas contra la represa en 2013 fueron uno de los
factores causantes de la retirada de SYNOHYDRO. En diciembre de 2013, el CAMIF
decidió no proceder con su inversión en Agua Zarca, por lo que la CFI y el Banco Mundial
dejaron de tener una participación activa en el proyecto. En octubre de 2015, DESA
trasladó la construcción de la represa al otro lado del río Gualcarque, en San Francisco de
Ojuera. Esta fase del proyecto contó con una financiación de 15 millones de dólares del
Banco Holandés de Desarrollo (FMO) , 5 millones de dólares del Fondo Finlandés para la
Cooperación Industrial (Finnfund) y 9 millones de dólares del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE).
17.
Según la información recibida, la empresa trasladó el proyecto porque la población
de San Francisco de Ojuera no es indígena y el gobierno municipal habría autorizado el
proyecto. Sin embargo, miembros de Río Blanco y de COPINH manifestaron que el
traslado del proyecto no tomó en cuenta la presencia de indígenas lencas en Santa Bárbara y
que tampoco se realizó un verdadero proceso de consulta previa con esas comunidades. Se
ha señalado que el proyecto opera con la misma licencia ambiental cuya emisión es objeto
de las acciones penales por parte de la Fiscalía de Etnias. De igual manera, consideran que
las actividades en el nuevo sitio del proyecto aún afectan el derecho de las comunidades
lencas en relación al río Gualcarque.
18.
Tras el inicio de esta fase del proyecto, miembros de Río Blanco y de COPINH
establecieron un campamento en frente de las instalaciones actuales del mismo como forma
de protesta, lo que supuso de nuevo la presencia de unidades militares, policiales y guardias
de seguridad para resguardar las instalaciones del proyecto.
III. Hechos de violencia relacionados con el proyecto Agua Zarca
19.
El proyecto Agua Zarca en sus dos fases ha generado una situación altamente
conflictiva en la región de Río Blanco. Según la oficina de la Fiscalía de las Etnias, antes
del año 2013, cuando avanzaron considerablemente las obras de construcción del proyecto,
no se habían reportado incidentes serios de violencia y asesinatos en Río Blanco. Resulta
GE.16-12632
25