A/HRC/11/7/Add.3
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países que conforman el acuerdo del CA-4, están sometidos a abusos que no suelen ser
denunciados. Según la información recibida, habría casos en los que delegados de la DGM
habrían recibido cobros indebidos de migrantes procedentes de los países parte del acuerdo, por
permitirles pasar la frontera.
38.
No se contempla en las disposiciones de dicho acuerdo, el registro obligatorio del ingreso
al país por el puesto fronterizo ni el otorgamiento por parte de las autoridades migratorias de un
documento oficial que permita la verificación del ingreso, estancia y salida del territorio
guatemalteco. Según la información recibida, las autoridades de la DGM en algunos casos,
habrían detenido y expulsado de forma irregular y arbitraria a migrantes procedentes de El
Salvador, Honduras o Nicaragua que habrían ingresado en Guatemala de forma regular por los
puestos fronterizos en virtud de pertenecer al acuerdo CA-4. Los funcionarios habrían alegado en
su defensa, la imposibilidad de verificar su situación migratoria.
39.
El Relator Especial observa cómo el acuerdo de libre movilidad, por un lado, habría
producido un incremento del número de migrantes centroamericanos que se encuentran en
tránsito por Guatemala, al haber flexibilizado en gran medida los trámites para la libre
circulación de los mismos. Al mismo tiempo, al no haberse regulado de manera precisa ciertas
disposiciones de dicho acuerdo, estos migrantes se encontrarían actualmente expuestos a una
situación de mayor vulnerabilidad.
D.
40.
MARCO INSTITUCIONAL
Como contempla la Ley de Migración en su Capítulo I, artículo 3, el Ministerio de
Gobernación es la máxima autoridad en materia migratoria, y ejerce sus funciones a través de la
Dirección General de Migración (DGM), organismo dependiente de dicho Ministerio. Entre las
principales funciones que le corresponden a la DGM, se encuentran, entre otras la de diseñar e
implementar las políticas migratorias del país; garantizar que la entrada, permanencia y salida
del territorio guatemalteco se realice de acuerdo con lo dispuesto en la ley; denunciar y aplicar
las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las disposiciones de la actual ley, su