A/HRC/33/42/Add.2 9. En 2011, empleados de DESA y el alcalde municipal de Intibucá realizaron reuniones de socialización en Río Blanco para informar sobre el proyecto y sus beneficios, como la construcción de carreteras y escuelas. La mayoría de los miembros de las comunidades de Río Blanco expresaron su rechazo al proyecto durante esas reuniones y en las más de 150 asambleas indígenas celebradas. Las comunidades se opusieron porque el proyecto afectaría sus tierras comunales, cultivos, fuentes de agua y hábitat funcional. Se denunciaron impactos a las tierras utilizadas por la comunidad de La Tejera para actividades de agricultura en las riberas del río Gualcarque. En la cosmovisión lenca, el río Gualcarque es sagrado por ser el hogar de seres espirituales femeninos. Por tanto, la concesión de las aguas del río para la represa también representaba un sacrilegio para la cultura lenca. 10. En 2012 y 2013, habitantes de Río Blanco denunciaron la presencia de empleados de DESA y SINOHYDRO en tierras comunales que habrían comenzado la construcción de la represa. Los empleados destruyeron cultivos tradicionales y también cercaron fuentes de agua comunitarias con el fin de abastecer de agua a la empresa. Asimismo, guardias de seguridad impedían a los comunitarios el acceso al río para la realización de actividades tradicionales de riego, pesca y uso doméstico. 11. Miembros de las comunidades de Río Blanco iniciaron actos de protesta, incluyendo la toma de la carretera construida por DESA que servía de acceso al sitio de construcción, con el apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una organización lenca fundada por Berta Cáceres. Como respuesta, se enviaron efectivos del ejército para custodiar permanentemente las instalaciones del proyecto y se produjeron varios intentos de desalojo de los manifestantes. En junio de 2013, durante una manifestación pacífica frente las instalaciones de la represa, un militar disparó contra el dirigente lenca Tomás García y su hijo, matando al Sr. García e hiriendo gravemente al hijo. 12. El proyecto generó divisiones en las comunidades de Río Blanco y afectó la convivencia social con comunidades aledañas. En septiembre de 2013 se había firmado un acuerdo entre el Gobierno, la empresa y comunidades de Río Blanco por el que, a cambio de su aceptación del proyecto, recibirían indemnizaciones y programas sociales por parte de la empresa. Sin embargo, según la información recibida, algunas de las personas que firmaron el acuerdo provenían de comunidades no indígenas de Santa Bárbara, y las personas que representaban a las comunidades de Río Blanco no estaban autorizadas por sus respectivas asambleas comunitarias. Por lo tanto, miembros de las comunidades de Río Blanco han mantenido su oposición al proyecto y han rechazado los acuerdos que supuestamente demostraban la aceptación del proyecto por parte de todas las comunidades indígenas de Río Blanco. Acciones legales y criminalización 13. A raíz de la aprobación de los contratos para el proyecto Agua Zarca y otras represas que afectaban a pueblos indígenas, COPINH interpuso denuncias ante distintas autoridades nacionales, incluyendo la Fiscalía Especial de las Etnias del Ministerio Público, en las que alegaba la inobservancia del deber de consultar a los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio número 169 de la OIT, ratificado por Honduras en 1994, incluida una denuncia penal en contra del entonces Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente que había otorgado los permisos ambientales para dichos proyectos. Asimismo, se interpusieron denuncias ante el Ministerio Público en contra de la empresa DESA por usurpación de tierras y en contra del alcalde de Intibucá por permitir el proyecto en Río Blanco. 14. En 2015, se presentó un requerimiento fiscal por el delito de abuso de autoridad en contra del alcalde de Intibucá y se dictaminó un auto formal de procesamiento por el delito de abuso de autoridad en contra del ex Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente 24 GE.16-12632